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Dr. José Vitelio García Maldonado

El Polígrafo

Por: Francisco E. Varela Ramírez

Si bien es cierto, que el Artículo 164 del Código de Procedimientos Penales, en su último párrafo, establece que, se podrá utilizar cualquier medio probatorio que señale la Ley, para la comprobación del Cuerpo del delito y la probable responsabilidad, también es cierto, que el polígrafo no puede considerarse prueba aprobada por la Ley por las siguientes razones:





Es anticonstitucional y, por consiguiente, violatorio de Derechos Humanos. El Artículo 20, fracción II de la Constitución Política de los EUM, nos indica que: “En todo Proceso del orden Penal, el inculpado, la víctima o el ofendido no podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura...”.





Como se aprecia, con esta prueba se podría conculcar de manera mas que fehaciente una de nuestras garantías fundamentales, aunque a las personas a las que se les pudiera practicar, dicha prueba, dieran su autorización para realizársela y hasta hayan firmado un documento con dicha permisión, es lo mismo que si diéramos el beneplácito para sufrir humillaciones, maltratos, prácticas denigrantes o la comisión de algún delito a nuestra persona.





El Detector de mentiras es comparable con la práctica del delito de TORTURA, en este caso, estaríamos ante la llamada doctrinalmente “TORTURA PSICOLÓGICA” definida por Morentín Campillo como:





La tortura psicológica.- “Sus métodos están encaminados a generar un estrés mental severo en el individuo. Esta tortura no deja señales visibles en la víctima. Son métodos orientados a causar el máximo daño al detenido sin causar lesiones objetivas”. No quiero tocar el análisis del tipo penal a profundidad, pero tanto en su vertiente objetiva como subjetiva coincide la tortura con la prueba del polígrafo.




en su Artículo tercero, la define así: “Comete el delito de tortura, el que inflija dolosamente a cualquier persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una CONFESIÓN, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”.




La anterior definición concuerda con las descritas en: La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (10 de Diciembre de 1984), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, del 26 de noviembre de 1987, así como con los Pactos, Tratados, y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.




La tortura antes de ser tipificada en la mayoría de Códigos Penales del mundo era una práctica judicial muy común; utilizada en Roma, en Grecia, en España, tomando especial relevancia en la época de la Inquisición. Francisco Tomás y Valiente en su libro “La Tortura en España”, describe, de acuerdo a Actas Judiciales de la época, una sesión de tortura practicada a tres mujeres acusadas de hurto en la villa de Madrid, el 20 de julio de 1648, en la que se recogen de manera estremecedora los lamentos, quejidos y llanto de las torturadas, así como la parafernalia dispuesta para el efecto de interrogarlas y “sacarles la verdad”,¿cuál verdad?, la verdad que la Autoridad quería oír.




Recojo del libro “Los Derechos Humanos y el Delincuente” (1991) cuyo autor en el Jurisconsulto veracruzano Pericles Namorado Urrutia, precursor de la defensa de los Derechos Humanos en México, la siguiente afirmación al comentar las garantías del artículo 20 Constitucional (p. 44): “el reo no puede ser compelido a declarar en su contra y por el consiguiente, no debe ser incomunicado ni presionado en forma alguna con aquel objeto”. Desde aquella época, ya había voces que se levantaban al respecto y ponían en claro este principio jurídico penal, de no declarar obligadamente en un proceso penal.




Por lo anterior, deduzco de manera muy personal, que la práctica de la prueba del polígrafo, atenta contra la dignidad del individuo, violentando sus Derechos Humanos y, al ser una forma de Tortura, llego a la conclusión de que se trata de un delito de lesa humanidad, que debe ser tratado de manera muy especial por las Comisiones de Derechos Humanos, tanto estatal, como nacional, así como por los Instrumentos Internacionales de salvaguarda de Derechos Humanos y ser castigados los Servidores Públicos que la practiquen (en autoría directa, mediata, coautoría, cooperación necesaria, etc), para que no quede este aberrante crimen en la impunidad.

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