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Dr. José Vitelio García Maldonado

Vox populi, vox dei

Por: José Vitelio García

Vox populi, vox dei, aforismo latino que denota la posibilidad de encontrar a través del pueblo, la voz de dios. En el mundo antiguo y más en la edad media, este pensamiento se utilizó para significar que la voz de los ciudadanos, cuando se expresa tiene una buena dosis de razón.

Hasta mí llegó una queja de varias personas, habitantes de este mi pueblo Coatepec. Y los escuché, porque no es la primera vez que componentes de ese estrato de población marginado económica y culturalmente, expresan sus quejas ante quienes no les hacen caso o les dan un trato que a veces parece malintencionado.

Se trata de integrantes de la Colonia Ricardo Olivares Pineda, quienes expusieron que en el año de 1986, la Sra. Candelaria Hernández y David Izozorbe (quien se ostentaba como licenciado) ofrecieron a un grupo de campesinos y trabajadores, lotes de 124 metros cuadrados en promedio, pidiéndoles 200 mil pesos por cada fracción. La transacción se realizó sin respaldo legal y sólo les dieron una hoja mimeografiada como “convenio” expedido por el Comité Prolotificación colonia “Los carriles”. A cambio les extendieron recibos sin membrete, ni sello alguno.

Después de que pagaron un enganche de 140 mil pesos, les dieron posesión de sus lotes. Algunos construyeron, otros no.
En el año de 1991, siendo presidente de la república Carlos Salinas de Gortari y a través del programa Solidaridad, se les extendió título como constancia de posesión, asentado en el registro público de la propiedad de Coatepec.

Después de tres años, los posesionarios de los lotes, supieron que la Sra. Candelaria Hernández había hipotecado los terrenos de la Colonia ya establecida, a una empresa denominada “Tecnología Industrial Agropecuaria”. Transacción asentada y registrada en la Notaría No. 1 de Xalapa, a cargo del Lic. Silvio Lagos Martínez. La operación hipotecaria otorgaba un crédito corriente de 200mil nuevos pesos.

¡ Inconcebible ! Porque dicha señora no debió haber hipotecado lo que ya había vendido.
Después fue un peregrinar entre abogados, cuando menos dos. Ninguno de los visitados para que los atendieran tuvo interés real por ellos y lo que es peor, mostraron cierta parcialidad en beneficio de los defraudadores y no de los colonos, que desde entonces claman justicia.

Ahora , ya en el 2008, la Dirección General de Patrimonio del Estado, en donde funge como responsable José Antonio Flores Vargas, les ha propuesto un “acuerdo” en donde ellos (los colonos) paguen 10 mil pesos, cada uno a la empresa que ahora se ostenta como A.M.S.A. y a cambio la exdueña fraudulenta, otorga graciosamente el predio (que ya no es de ella).

Imagínense uds., lectores. Bien dice el dicho que al perro más flaco, se le cargan más las pulgas. Los colonos que ya se consideraban dueños de sus predios, ahora deben pagar en total 350 mil pesos, para dárselos a una empresa, que al parecer ya no es la misma que otorgó el crédito hipotecario. La exdueña fraudulenta queda sin sanción alguna y los colonos pagarán 150mil pesos más de lo que importó la hipoteca, para que la Dirección General de Patrimonio del Estado legalice la posesión que ya había legalizado Salinas de Gortari.

Los colonos no tienen asesoría jurídica, ya que quedaron escarmentados. Al acercarse a una dependencia oficial del gobierno del estado, advierten que la solución que les proponen no los beneficia en nada, sino al contrario, los esquilma más, los exacciona.

¿ Hasta cuando, la gente pobre, marginada, podrá confiar plenamente en los funcionarios públicos y en el orden jurídico establecido? Porque al menos eso es lo que tanto se pregona, ya que se dice trabajan para el pueblo.

Lo que he comentado se puede respaldar con documentos que tuve a la vista. Gracias, amables lectores.

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