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Dr. José Vitelio García Maldonado

Análisis del Atraso Regional del caso Plan Puebla-Panamá

-Reflexiones-

Por: Germán Sainz Serena

La dinámica territorial influenciada por la globalización aprovecha las condiciones económicas, políticas, gubernamentales y sociales de aquellas regiones que conforman un flujo de inversión externa en el contexto de desarrollo regional, sin embargo, existen grupos económicos que se encuentran limitados hacia la promoción de procesos de inversión productiva para generar ventajas de capital humano y de los recursos disponibles.
El Plan Puebla-Panamá (PPP) considera en la región Sur-Sureste a estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán; y en el área centroamericana a Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Regiones que han sido insuficientes en su capacidad económica para generar grupos de capital foráneo para el financiamiento de proyectos de desarrollo regional.
El PPP entendido como una estrategia regional de desarrollo para la región Sur-Sureste incluye la complejidad de la situación económica de las regiones que cuentan con un escaso desarrollo regional, con niveles bajos de inversión productiva y altos índices de marginación. Los beneficios territoriales de las inversiones públicas y privadas hechas en la región propician el aprovechamiento de los servicios financieros, mano de obra, infraestructura y el crecimiento de actividades sustentables.
En ese sentido, los apuntes de la teoría de la dependencia representan en términos de desarrollo regional la creación de una plataforma de inversiones, dando prioridad no sólo al capital nacional, sino también al capital productivo dedicado a infraestructura; permitiendo la entrada de de capitales externos.[1]
Por su parte, Dos Santos afirma que las regiones subdesarrolladas dependen de la producción tecnológica industrial, y considera perjudiciales los vínculos con las corporaciones transnacionales de tecnología. Los elementos del desarrollo de las regiones deben orientarse por medio de una política de acción regional donde actúen el gobierno y las instituciones privadas, en busca de una relación de intercambio de recursos para el crecimiento social y económico como un sistema global. 
A medida que los sistemas mundiales se relacionan con la investigación, aplicación y transferencia de tecnología y productiva, los mecanismos financieros y las operaciones de comercio internacional se vuelven cada vez más dinámicos. Por ello, las inversiones productivas se concentran en aquellas regiones económicas que les proveen los medios de seguridad, protección y generación de beneficios sobre una base sustentable que permita alcanzar el crecimiento económico en el largo plazo.
Por ejemplo, en los estados dedicados a la actividad petrolera mantiene grandes ventajas respecto a sus similares, independientemente de la dotación de recursos naturales y ubicación geográfica. La promoción de las inversiones y la participación de la inversión pública desencadenan diferencias en el desarrollo regional, visto en las condiciones de vida de la población. La región Sur-sureste cuenta con un desempeño económico débil y acumula patrones de crecimiento lento, sin embargo, su perfil demográfico le permite contar con una fuerza de trabajo más joven que en el resto del país.
Esta misma región cuenta con limitaciones que hacen menos atractiva la inversión y formación de grupos de capital para infraestructura productiva. Este escenario tiene una serie de implicaciones negativas sobre la estructura regional competitiva de la región, subordinándola al avance tecnológico y altos flujos de inversión externos. La escasa diversificación de fuentes de financiamiento representa uno de los obstáculos más fuertes a los que se enfrenta la región Sur-Sureste, donde el gasto público alcanzó el 90% para el 2000 y un 36.3% del PIB.[2]
Gran parte del financiamiento del PPP ha correspondido a los gobiernos locales en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aporta fondos  para las inversiones, mientras que las empresas públicas invierten un capital muy bajo. Las empresas que mantienen buenos niveles de inversión en la región del PPP, son aquellas encargadas de la infraestructura, las de la construcción, reparación y modernización de las carreteras, puertos y aeropuertos.[3]
Los niveles de sedimentación de la región son muy bajos, debido a la creación y funcionamiento de mercados incipientes y una gran dispersión regional, que obstaculiza el proceso de desarrollo regional sostenible. Asimismo, los viejos esquemas de la región que  se presentan como síntomas de atraso regional en la extracción de recursos, la marginación y el incremento de necesidades sociales entorpecen los cauces para una inversión productiva fija y segura.
En el sector agropecuario, minería y extracción de petróleo, industria manufacturera, comercio, construcción, servicios, transporte y comunicaciones, se manifiestan las dificultades de las inversiones a nivel sectorial, donde Veracruz, Puebla, Yucatán y Quintana Roo registran una fuerte presencia de empresas a nivel nacional.
Ha de observar en el cuadro 1, la participación de la región Sur-Sureste en la recepción de IDE con un 3.6% a nivel nacional de 1999-2003. Los estados que cuentan con mayores desventajas regionales registran la presencia de empresas del sector agropecuario y actividades extractivas; mientras que, la presencia de empresas de manufacturas, comercio y servicios, tiene indicies de empleo e inversión mucho más dinámicos.
La construcción de los índices de competitividad ofrece un panorama general de la sedimentación en la región para alcanzar mayores niveles de convergencia nacional, y combatir los aspectos más débiles del desarrollo. El índice corresponde a una clasificación de regiones y ubicación de aquellas que requieren ser atendidas en rezagos y carencias de infraestructura productiva. Los siete actores de competitividad que integran las variables de medición y evaluación de los estados son:
1.  Educación de la Población,
2.  Carreteras,
3.  Porcentaje de la PEA ocupada,
4.  Especialización de la Fuerza de Trabajo,
5.  PIB monetario y per cápita,
6.  Grado de Urbanización; y
7.  Migración Neta.
La relación que se explica de este índice es que el nivel de competitividad  y el desarrollo económico son directos, de manera que aquellas regiones que cuenten con menores índices de marginación tendrán mayor desarrollo económico.
Los criterios para determinar el grado de competitividad son los siguientes:
Si 0 < X < 0.39, entonces X es “No competitivo”.
Si 0.40 < X < 0.54, entonces X es “Poco competitivo”
Si 0.55 < X < 1, entonces X es “Competitivo”.
A pesar de que la región Sur-Sureste cuente con una dotación alta de recursos naturales y una gran cantidad de mano de obra, no basta para volver a la región una zona competitiva, ya que ello depende de factores tecnológicos y científicos, basado en las ventajas competitivas. Conforme al análisis de los índices de competitividad a nivel nacional, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz son los estados que cuentan con los peores indicadores de competitividad. Así también, del análisis hecho para 1, 334 municipios a nivel nacional, sólo 44 de ellos se ubican en un rango competitivo, 283 se consideran poco competitivos y los restantes 1007 como no competitivos.
La estructura económica regional del área de Centroamérica, presente ciertas similitudes con la de la región del Sur-Sureste. Las diversas condiciones de esta región mantienen por su tamaño de economías locales, su escasa capacidad para integrar procesos productos de inversión regional y pocas oportunidades de atracción de inversiones. Además se observa que en esa misma región existen movimientos de capital conforme al tamaño de los sectores, de tal suerte que existe una seria dificultad para la sedimentación económica.[4]
A manera de conclusión, podría afirmarse que gran parte del atraso regional en la región Sur-Sureste en México de la estrategia PPP, se debe a los altos niveles de atraso económico y marginación social del país que afecta en su conjunto el mejoramiento regional de las relaciones económicas y  la dinámica de planeación regional. En ese sentido, las estrategias utilizadas en el PPP, más allá de ser una propuesta de integración y desarrollo regional, no pareció ser suficiente para activar la economía en el largo plazo. Por ello, las acciones tomadas en los procesos económicos coyunturales deben orientarse a fortalecer los sectores más débiles y atrasados, favoreciendo en primer lugar, la integración de los agentes sociales, y en segundo lugar, ateniendo la estabilidad económica de la región, condición sine qua non para la superación del subdesarrollo.





[1] Raúl Prebisch, bases de la teoría de la dependencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Citado por Reyes, Giovanni E. Principales teoría del desarrollo económico y Social y su aplicación en América Latina y el Caribe. Febrero del 2002.

[2] Torres Torres, Felipe. El atraso regional en los procesos globales: La región Plan Puebla-Panamá. 17 de Agosto de 2005. p. 6

[3] Idem, p. 10

[4] Ibidem, p. 25

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