Vitaelius

!Voz Veracruzana en Internet!

Dr. José Vitelio García Maldonado

El Manejo de la Política Económica en México en el Marco de las Actividades de Investigación y Desarrollo

Por: Germán Sainz Serena

Antes de abordar la temática correspondiente a la política económica implementada en México durante los años 2007, 2008 y 2009, resulta relevante enunciar de manera general el marco jurídico y los aspectos constitucionales que dirigen el campo de aplicación de la Política Económica en México que nuestra Carta Magna señala, a saber: por una parte en su artículo 25, concede al Estado Mexicano la rectoría del desarrollo nacional, para fomentar el crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso de los mexicanos, de manera que éste se encargará de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional para lograr el desarrollo económico pleno y sustentable en el país.[1]
Por otra parte, el artículo 73, fracciones XXIX-D y XXIX-E dota al Poder Legislativo en materia de desarrollo económico y social en la expedición de leyes sobre la planeación nacional del desarrollo, así como la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico (política económica) para la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.[2]
En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) significa para el Gobierno un medio y un fin para la implementación de la política económica, que tendrá integrados una serie de objetivos y ejes de acción para alcanzar un buen desempeño económico en el país.
La finalidad de esta planeación económica constituye una técnica de intervención que parte de un diagnóstico integral del proceso socioeconómico, político y de sus leyes; que inserta en la carta fundamental define un proyecto nacional en función de determinados objetivos, precisamente estampados en una ideología constitucional y política. Por lo tanto, dicha tarea planeadora integra tres aspectos esenciales: el político, el económico y el jurídico.[3]
  La precisión y delimitación del marco constitucional anterior permite agregar un soporte teórico fundamental para la definición de la política económica en México, concebida como el conjunto de acciones del Gobierno que tienen como propósito cubrir una serie de objetivos establecidos por el PND en materia económica, y dicho sea de paso, generar el desarrollo económico tan anhelado que necesita el país.
  Para engendrar un crecimiento sostenido en los sectores productivos, en el sector salud, de educación, de servicios públicos, entre muchos otros renglones, es trascendental la implementación de una política económica que promueva un crecimiento económico a largo plazo canalizada al sector Investigación y Desarrollo (I&D), tras advertir la experiencia de varios países que alcanzaron elevadas tasas de crecimiento, mejores niveles de inversión y condiciones sociales más justas para su población.
Tal es el caso de Estados Unidos, país pionero en inversión tecnológica a nivel mundial con un porcentaje de su PIB destinado a las actividades de I&D cercano al 35 por ciento, seguidamente se encuentra China con un 20 por ciento, Nueva Zelanda, Alemania y Japón con un 8 por ciento; y si nuestro apreciable lector se interesara por conocer cuál es la situación de México en este escenario, le revelaré un dato desalentador ya que en nuestro país apenas se dedica el 0.43 por ciento de su PIB anual.
La pregunta que nos lleva a la reflexión inmediata sería: ¿a qué se debe un nivel de inversión público tan minúsculo en el rubro de I&D?
En México el número de inversiones que se realizan en Investigación y Desarrollo forman parte de un Gasto de Gobierno excesivo para las dependencias gubernamentales, es decir, para el sector administrativo; lo cual no significa una inversión escasa o mínima la que se ejerce para el sector público, sino por el contrario, que dichos recursos monetarios deberían canalizarse estrictamente a las dependencias ó instituciones encargadas de promover las actividades en Ciencia y Tecnología (CyT) para el sector productivo y social.
Con base en datos del Presupuesto de Egresos Federal 2008, los recursos asignados a la función CyT por Clasificación Económica en Gasto Corriente y de Capital sumaron un total de 21,510.8 mdp, donde el gasto corriente representó el 91 por ciento y el de capital el 9 por ciento respectivamente. Estos porcentajes nos indican una inversión mayor en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y otros gastos corrientes[4] de los cuales se desconoce su evaluación y revisión de los gastos ejercidos para cada rubro. Por su parte, se observa menos del 10 por ciento del gasto en CyT para la inversión física, inversión financiera y otros de capital, los cuáles deberían considerarse primordiales para incentivar la participación de sector productivo y social en el desarrollo de actividades tecnológicas.
Dentro de la estrategia del Plan Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt) 2001-2006, como parte de una política gubernamental para la innovación en México, se plantearon una serie de objetivos primordiales a alcanzar en ese periodo, a saber: destinar el 1% del PIB en actividades científicas y tecnológicas financiado en un 40% por el sector privado[5], lograr la formación de recursos humanos para las actividades en I&D, fortalecer los centros de enseñanza y promoción de la vinculación con los sectores productivos, impulsar estrategias para fomentar la I&D en las empresas y la creación de estímulos para los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cuya prioridad correspondiera a las tendencias tecnoeconómicas mundiales. No obstante, la trayectoria del gasto en I&D para el 2002-2005 fue de 0.45% respecto al PIB, del cual el sector privado participó con un 30%.
  Al respecto, se enfatiza en la reforma del marco jurídico institucional para que el sector privado encuentre caminos seguros y confiables para invertir sus capitales en I&D en nuestro país, en concreto otorgar incentivos fiscales permanentes para las empresas extranjeras creadoras de nuevos bienes y conseguir su estadía a futuro, además de subsidiar a las empresas nacionales en su función de producción imitadora[6], es decir, plantear un modelo de crecimiento de la economía basado en la innovación y tecnología mediante una alianza Público-Privada.
  En ese sentido, el gobierno federal se encargaría de establecer la infraestructura de la I&D coordinado con los demás sectores, ofreciendo apoyos como la exención de impuestos y financiamiento preferencial, de tal suerte que las propias empresas puedan diversificar su producción tecnológica con la ayuda del Estado, sin que éste último pierda la capacidad regulatoria de las actividades de I&D en México.
  El sector privado debería convertirse en el actor principal del desarrollo tecnológico en el país con el respaldo del gobierno, para contar con una estrategia orientada a la reducción de la intervención gubernamental en dicho mercado, principalmente si el sector público tiene la capacidad de disminuir su participación monetaria y poder continuar con su papel reformador.
  Por lo tanto, para fortalecer las acciones gubernamentales en materia de I&D se sugiere aplicar una política económica de reforma fundamental que considere el monitoreo y coordinación de las estrategias del crecimiento y desarrollo tecnológico entre sectores. La evaluación de los resultados y comprobación de los objetivos establecidos en lo presupuestado. Otorgar mayor dinamismo al sector privado en materia de CyT, para la creación de nuevas industrias y se satisfaga la demanda interna de tecnología con la entrada al mercado de las industrias de la I&D.
Asimismo, se requiere llevar a la economía mexicana mediante políticas cualitativas y cuantitativas a la transición de una economía del conocimiento para lograr una profundización industrial y tecnológica teniendo como base un crecimiento económico sustentable. Un primer paso de esta política económica se integraría por el instrumento que muchos países utilizan para contribuir al avance en materia económica y bienestar: La investigación y desarrollo experimental (IDE).
Para lo anterior, se establece la propuesta de generar una mayor participación público-privada en la IDE, que redunda en tres objetivos genéricos: el primero de ellos es la creación de empresas más competitivas, el segundo es la promoción de actividades tecnológicas en diversos campos del conocimiento, y el último es el desarrollo de una base sólida para el crecimiento económico sostenido; los tres basados en el avance científico y tecnológico.
El gasto en IDE se ubicó en 38,101.3 mdp para el año 2005[7], es decir, para aquellas actividades dirigidas a la producción de nuevos materiales, productos y servicios, nuevos procesos, sistemas y el mejoramiento sustancial de los ya producidos. La estructura de financiamiento de la IDE en México para el periodo 1998-2005 como porcentaje de la inversión nacional nos indica que la mayor parte del mismo proviene del sector público con un 49.5 por ciento de la inversión, ratificándolo como el principal agente financiador de esta actividad. En segundo lugar se ubica el sector privado, quien aportó el 41.5 por ciento del gasto en 2005.
Al respecto, los agentes productores del sector privado deberían perfilarse como aquellos financiadores de estas actividades, de manera que el gobierno se convirtiera en un promotor de las actividades de I&D reduciendo su gasto total y orientarlo hacia la educación tecnológica y centros científicos.
En la actualidad, la inversión en I&D representa un factor determinante para el progreso económico y tecnológico de los países, debido en gran medida a su enorme contribución en la competitividad de las empresas, sean de carácter público o de iniciativa privada, dedicadas a elevar la aplicación de los conocimientos, generando mejor productividad de sus factores de producción y reduciendo las deficiencias tecnológicas o las limitaciones productivas.
german_sas@live.com.mx





[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, texto vigente: última reforma publicada DOF 24-08-2009, p. 17

[2] Ibídem, p. 46

[3] Witker, Jorge. Derecho Económico y Planeación de México. Tomado de la dirección URL: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/54/art/art6.pdf. p. 1063. Fecha de Consulta 4 de Diciembre de 2009.

[4] Ciencia  Tecnología 2008. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de SHCP y Proyecto de PEF 2008. p. 4 www.cefp.gob

[5] Pecyt 2001-2006. La meta de alcanzar el 1% del PIB en investigación y desarrollo es moderada, pues dicho valor ha sido alcanzado por otros países como Brasil y España. Por otra parte Suecia, Finlandia y Japón logran asignar más del 3% del PIB a la investigación y desarrollo en 2001. (OCDE 2002).

[6] Un ejemplo de este tipo de apoyo gubernamental es el caso de Corea que consistió en una transformación radical de las instituciones públicas y privadas para estimular las condiciones económicas de soporte tecnológico, de manera que se consiguió pasar de un catch-up imitativo a un catch-up innovativo.

[7] Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología (2007). Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Capitulo 1 Inversión Federal en Ciencia y Tecnología. p. 15 Tomado de URL: http://www.conacyt.mx/InformacionCiencia/SitiosDeInteres.html Fecha de Consulta: 8 de Diciembre de 2009

visitas 3,271 desde 06 de agosto de 2010

Copyright © 2017 Vitaelius.com | CSS and XHTML | Powered by Condominioweb.net | Buscar